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Costa Rica, Lunes 19 de Noviembre del 2018

Empresa de seguridad privada CSE Seguridad suspendió operaciones en el país

Redacción - info@rumboeconomico.net

08/11/2018 10:31 a.m.


Con más de 27 años de operar en Costa Rica, este viernes la empresa de seguridad privada CSE Seguridad suspendió sus operaciones, debido a la crisis económica que vive actualmente el país, a los aprietos financieros por los que atraviesa el Gobierno y a las medidas sancionatorias que le han aplicado.

 

Precisamente, la falta de recursos económicos en la Administración Pública y las medidas que se tomaron contra CSE Seguridad, perjudicó seriamente la operatividad de la compañía y además se le sanciona con la suspensión de los servicios, teniendo que despedir desde marzo a la fecha a más de 1.800 colaboradores.

 

CSE Seguridad prestaba sus servicios a 18 instituciones públicas, pero el año pasado, estas entidades congelaron el pago a la empresa, debido a una directriz del entonces presidente Luis Guillermo Solís, que, ante la falta de presupuesto estatal, le ordenaba a las instituciones priorizar sus pagos para cubrir los salarios de los funcionarios, aguinaldos y gastos operativos del Gobierno, y dejar en un último plano los demás compromisos, como lo es, el pago de los proveedores.

 

Ante la falta de pago por parte de las entidades públicas, la compañía entró en un estado de morosidad con la Caja Costarricense de Seguro Social, situación que fue aprovechada por las instituciones para retener el pago de casi mil millones de colones, por los servicios de seguridad que recibieron por parte de CSE, aduciendo que la morosidad con este ente implicaba un incumplimiento del contrato y por lo tanto, no se le podía pagar por los servicios ya recibidos a satisfacción. 

 

De acuerdo con Ignacio Leandro, abogado de CSE Seguridad, “esta situación obedece a una mala interpretación del artículo 74.3 de la Ley Constitutiva de la C.C.S.S, el cual establece que las empresas morosas con esta entidad no pueden participar en licitaciones públicas, sin embargo, mi representada había sido contratada mucho tiempo atrás y dentro de la legalidad. La morosidad con la Caja surgió meses después, cuando las instituciones incumplieron los pagos”.

 

Ante esta situación y por tener la empresa el 60% de su cartera colocada en el Sector Público, la compañía comenzó a experimentar un grave problema de Flujo de Caja, al no recibir pago alguno por parte de la mayoría de Instituciones Estatales. Se agotaron todas las vías administrativas posibles con estas Instituciones, a fin de buscar una solución, sin embargo, ante la imposibilidad real de lograr acuerdos, se vió en la obligación de presentar una medida cautelar ANTE-CAUSAM Provisionalísima en el Tribunal Contencioso. En agosto pasado, este Tribunal Contencioso Administrativo acogió la solicitud presentada y le ordenó a estas entidades públicas, realizar el millonario pago en un plazo máximo de 10 días. Sin embargo, muchas de ellas no han acatado en tiempo la resolución e incluso, a hoy, siguen habiendo Instituciones que no han cumplido con el pago.

 

Para el abogado, “hay un daño potencial, el cual, crece día a día mientras la Administración retenga pagos a mi representada, esto debe ser resarcido, ya que las costumbres como las que aplican muchos entes de la Administración Pública en relación con el artículo 74.3 de la Ley Constitutiva de la CCSS, nunca pueden estar por encima de la propia ley y esto está generando una afectación sobremanera al sector empresarial formal que debe ser resarcido, por eso, solicitamos que se ejecute la sentencia para que las instituciones que no han realizado el pago, lo hagan cuanto antes. Asimismo, iniciamos un proceso por los evidentes daños y perjuicios originados, pero lamentablemente, este último proceso puede tardar hasta cuatro años”.

 

De acuerdo con Leandro, es urgente sentar un precedente, pues es reprochable que, ante una mala interpretación de la ley, hoy una empresa se vea obligada a suspender sus operaciones, y lamenta, que muchas otras estén pasando por una situación similar.

 

Además, ante la imposibilidad material en la que se vio expuesta CSE de no poder pagar sus obligaciones Obrero-Patronales a la CCSS por la falta de flujo de Caja, se le aperturó un proceso ordinario administrativo por parte de la Dirección de Servicios de Seguridad Privados del Ministerio de Seguridad, por incumplimiento a la Ley de Servicios de Seguridad Privados N°8395 que regula esta actividad, suspendiéndole de su licencia hasta por tres meses a partir de este 02 de noviembre de 2018.

 

CSE Seguridad ha venido realizando el despido de sus colaboradores conforme lo establece la ley y gestionando, como antes se indicó, la colocación de toda esta importante fuerza laboral. Actualmente, hay más de 1.500 colaboradores que ya están colocados laboralmente en otras empresas del sector. Sin embargo, muchas de las prestaciones laborales continúan pendientes de pago por esta misma situación.

 

La empresa mantendrá abierta la oficina para atender todos los trámites administrativos, laborales  y propios de este proceso.


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Fuente: Banco Central de Costa Rica (BCCR)

 

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