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Costa Rica, Lunes 19 de Noviembre del 2018

¿En qué consiste el Impuesto a las Personas Jurídicas?

Ivannia Méndez Rodríguez - ivannia.mendez@cr.gt.com

11/10/2017 12:00 m.d.


El “Impuesto a las Personas Jurídicas” es el tributo que nació con base en la Ley N° 9024 del 23 de diciembre de 2011, cuyo objeto primordial era dotar de recursos al Ministerio de Seguridad Pública; su vida jurídica abarcó desde el año 2012 hasta el año 2015, hasta verse sus efectos suspendidos mediante resolución N° 2015-001241 del 28 de enero de 2015, emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

 

Para todos los efectos la institución encargada de la recaudación del tributo generado en virtud de la Ley N° 9024 lo fue el Registro Nacional, por medio del Banco de Costa Rica, entidad que a la fecha aún mantiene su potestad recaudatoria por los montos adeudados para los períodos que van del año 2012 al 2015.

 

Teniendo en cuenta el escenario anterior y ante la imperiosa necesidad de ingresos que tiene el Estado, la Asamblea Legislativa en el año 2017 promulga la Ley N° 9428, mediante la cual deroga la Ley N° 9024 y reinstaura el fenecido tributo, ahora con una base de cálculo escalonada, en proporción directa con el estatus -activa o inactiva- e ingreso de las sociedades.

 

Para lo que interesa, la ley vigente posee algunas características de relevancia en sus transitorios, a saber:

 

  1. Las sociedades que dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigencia de esta ley se presenten a cancelar las sumas adeudadas por concepto de la Ley Nº 9024, sea del año 2012 al 2015, podrán hacer el pago de los períodos adeudados sin que por ello deban cancelar intereses o multas correspondientes.
  2. A partir de la entrada en vigencia de esta ley y por un plazo de doce meses estarán exentos del respectivo impuesto sobre el traspaso y del pago de timbres y derechos registrales los traspasos de bienes muebles e inmuebles que se realicen de sociedades mercantiles que hayan estado inactivas ante la autoridad tributaria, por al menos veinticuatro meses con anterioridad a la vigencia de esta ley, a otras personas físicas o jurídicas, lo anterior por una única vez.
  3. Por un plazo de veinticuatro meses a partir de su entrada en vigencia, los representantes legales, los miembros de la Junta Directiva y el fiscal de las sociedades mercantiles, las sucursales de una sociedad extranjera y las empresas individuales de responsabilidad limitada que deseen renunciar a su cargo podrán hacerlo mediante comunicación por escrito al domicilio social registrado. 

 

No obstante, lo anterior, la Ley N° 9024 deja a los administrados con un problema de gran envergadura entre manos, es decir, sociedades disueltas con bienes y otros activos en un limbo jurídico. Esta situación quiere en alguna medida ser subsanada por el legislador, en virtud de lo cual el pasado 28 de setiembre de 2017 se aprobó en segundo debate el Proyecto de Ley N° 20479, sobre la Reforma al Transitorio II de la Ley N° 9428.

 

En relación con lo que interesa, el citado Proyecto de Ley buscar devolver a la vida jurídica las sociedades disueltas en virtud de la Ley N° 9024, bajo el condicionante de que previamente se cancelen las sumas adeudadas y posteriormente se presente acuerdo de socios en escritura pública solicitando el cese de la disolución.

 

Por ende, a la fecha y una vez publicado en el diario oficial La Gaceta el Proyecto de Ley N° 20479, según sus necesidades el administrado tendrá diversas opciones:

 

  1. Mantener sus sociedades al día, haciendo pago regular en enero de cada año del monto que a cada una de ellas corresponda por impuesto de personas jurídicas, con base en la Ley N° 9428, debiendo cumplir con el trámite de inscripción ante el Ministerio de Hacienda conforme el cronograma ya establecido por ley.

 

  1. Realizar pago de cualesquiera sumas adeudadas por impuesto de personas jurídicas, con base en lo dispuesto en la Ley N° 9024 y la Ley N° 9428, pudiendo después según el caso concreto e interés de negocio de cada persona: liquidar la sociedad en cuestión, para proceder con el reparto de bienes como parte del proceso de liquidación en caso de que los hubiere, o solicitar el cese de su disolución, manteniendo la sociedad con el estatus anterior y por ende con los bienes dentro de su haber patrimonial.

 

Para ambos trámites señalados en el inciso b. anterior es indispensable contar con la asesoría de un abogado y notario público.

 

En caso de operar la disolución de las sociedades mercantiles, las empresas individuales de responsabilidad limitada o la sucursal de una sociedad extranjera, y la respectiva cancelación del asiento registral, el Departamento de Cobro Judicial de la Dirección General de Hacienda se encuentra facultado para continuar los procedimientos cobratorios o establecer estos contra los últimos socios oficialmente registrados, quienes se constituirán en responsables solidarios en el pago de este impuesto.

 

*La autora es Gerente Legal en Grant Thornton.


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Fuente: Banco Central de Costa Rica (BCCR)

 

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